Blog de Emilio López-Rendo

2011-04-11T23:39:00.010+02:00

Estimados amigos:

Hoy os comento la reciente Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de marzo de 2011, publicada en el BOE del día 1 de abril de 2011, que podéis encontrar aquí:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5910.pdf

El resumen de los hechos es el siguiente:

a. En escritura autorizada en el año 2004, se constituyó una sociedad de responsabilidad limitada y se nombraron dos administradores mancomunados, por cinco años: una persona física –el ahora recurrente– y otra sociedad de responsabilidad limitada –que, para ejercer dicho cargo de administradora, designó a otra persona física–.

b. En otra escritura autorizada el mismo día los administradores mancomunados confirieron un poder general en favor de la misma persona que había sido designada persona física representante de la sociedad administradora.

c. Mediante escritura autorizada en octubre de 2010, la persona física que había sido nombrada inicialmente administrador mancomunado manifestó que intervenía en nombre propio y que su cargo de administrador ya no se encuentra vigente, por caducidad. Además, expresó que, mediante dos comunicaciones realizadas por burofax y según consta también en el acta notarial de junta que detalla, el referido poder había quedado revocado. En esta escritura se añade que el otorgante ratifica la revocación del poder y se requiere al Notario autorizante para que, a través de determinado Notario, le sea notificada dicha revocación al apoderado.

d. El Registrador Mercantil denegó la inscripción de la revocación del poder.

La DGRN ha acordado estimar parcialmente el recurso interpuesto y revocar la calificación respecto del primero de los defectos expresados en la nota impugnada. La Resolución se pregunta si podría ser inscrita la revocación del poder fundada en la manifestación de uno de los dos administradores mancomunados; y concluye que «respecto de esta cuestión, el criterio del Registrador no puede ser confirmado, como se desprende de la doctrina de esta Dirección General, en casos en los que se atiende a intereses análogos. Así, se ha considerado inscribible una escritura de apoderamiento en la que los dos administradores mancomunados de una sociedad anónima se nombran recíprocamente apoderados solidarios de la misma sociedad con facultades determinadas (cfr. la Resolución de 12 de septiembre de 1994), si bien se puso de relieve que la diferencia funcional entre ambas figuras –administrador y apoderado– y su diferente ámbito operativo pueden originar que en su desenvolvimiento surjan algunas dificultades de armonización que deben ser analizadas atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada supuesto fáctico (por ejemplo, en cuanto a las posibilidades de revocación o de modificación del poder conferido, la exigencia de responsabilidad al apoderado o la subsistencia del poder en tanto no haya sido revocado incluso más allá de la propia duración del cargo de administrador). En tal caso, este Centro Directivo añadió lo siguiente: «…en el acto concreto de apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin de hacer uso de aquellas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente con el propio apoderado. Sólo desde esta perspectiva se comprende con claridad la eficacia de la actuación de uno de los Administradores conjuntos al retirar el consentimiento prestado de manera anticipada en el acto de otorgamiento del poder: El apoderado no reunirá ya la voluntad concorde de ambos Administradores, ni por tanto, la del órgano, careciendo sus actos de alcance vinculatorio para la sociedad representada –a salvo, naturalmente los efectos propios de la protección a la apariencia frente a los terceros de buena fe– (cfr. artículo 130 del Código de Comercio, que impide la formación del acto contra la voluntad de uno de los Administradores). Así, la revocación de las facultades conferidas al otro en el acto de apoderamiento implicará, en la práctica, la imposibilidad de la actuación del apoderado, pues desde ese momento no representará voluntad conjunta de los Administradores mancomunados».

Aunque en el presente caso el apoderado no sea propiamente la sociedad nombrada administradora mancomunada sino la persona física designada por ésta para ejercer el cargo de administrador, debe entenderse que mientras concurran en esa misma persona las dos condiciones (representante de esa sociedad administradora y apoderado, circunstancias que el Registrador podrá comprobar en los asientos registrales) debe admitirse la posibilidad de que dicho poder quede revocado por la mera manifestación de voluntad revocatoria del otro administrador mancomunado, toda vez que si se exige el consentimiento de ambos administradores dependería del propio apoderado –mientras sea también el representante de uno de aquéllos– la subsistencia del poder conferido, de modo que sería ilusoria la revocabilidad de la representación voluntaria en tal supuesto.»

Ahora bien, en este supuesto de hecho concurrían estas concretas circunstancias de administrador mancomunado cuya persona física designada y apoderado eran la misma persona. En otros supuestos de hecho que fueren diferentes a este concreto, habrá que analizarlo caso por caso, pues pudiere ser que esta doctrina no fuere de aplicación a esos otros supuestos de hecho por concurrir circunstancias totalmente diferentes.

Saludos cordiales.

Proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital

2011-04-11T19:42:00.013+02:00

Estimados amigos:

Os avanzo que hay un Proyecto de Ley, que se está tramitando en Cortes, para modificar el reciente texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El enlace con la web del Congreso lo tenéis aquí: http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_111-01.PDF

Ya veremos, cuando acabe el trámite parlamentario, el texto definitivo de la modificación.

A continuación, os avanzo las principales novedades que se pretenden introducir a las SA no cotizadas, y a las SL:

1.- Convocar la Junta General de las SA mediante comunicación individual y escrita a los accionistas, salvo sociedades anónimas cotizadas y con acciones al portador;

2.- Suprimir la exigencia legal de publicación en caso de determinadas modificaciones estatutarias: cambio de denominación, domicilio, sustitución o cualquier otra modificación del objeto social y disolución de la SA, así como el estado de cuentas de la liquidación tanto para SA como para SL;

3.- Posibilidad de que los estatutos de las SA dispongan varios modos de organizar la administración;

4.- Suprimir la legitimación notarial de las firmas de los administradores en los certificados de aprobación de las cuentas anuales;

5.- Poner fin a la exigencia, en las SA, de la obligación de vender en pública subasta los bienes inmuebles en caso de liquidación;

6.- Regular el régimen jurídico de la persona física representante del administrador persona jurídica, con una específica referencia a la responsabilidad solidaria de la persona jurídica representada y del representante.

En concreto, se pretende la introducción de un nuevo artículo 212 bis a la LSC, cuyo texto en el proyecto dispone:

«Se introduce el artículo 212 bis, con la siguiente redacción: «Artículo 212 bis. Administrador persona jurídica.

1. En caso de ser nombrado administrador una persona jurídica, será necesario que ésta designe a una sola persona natural para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo.

2. La persona natural representante de la persona jurídica administradora estará sometida a los mismos deberes y a la misma responsabilidad que si ejerciera el cargo en su propio nombre, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de la persona jurídica representada.

3. [...]»;

7.- Posibilidad de convocar el consejo de administración por un tercio de los consejeros cuando el presidente, a pesar de haber sido requerido para ello, no lo hubiera convocado;

8.- Ampliar el plazo de 1 a 2 meses para la celebración de la Junta General en caso de que su convocatoria sea solicitada por socios que representen al menos el 5% del capital social;

9.- Posibilidad estatutaria de regular causas de exclusión de los accionistas en las SA;

10.- Introducir otra causa de disolución de las SA por la inactividad durante un tiempo superior a un año;

11.- Igualar el régimen de responsabilidad del liquidador entre SA y SL.

Ya veremos, al final, el texto definitivo. Saludos cordiales.

Real Decreto 1786/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula la iniciativa de apoyo financiero a la modernización y mejora del comercio interior.

2009-12-09T18:25:00.006+01:00

El BOE del día 8 de diciembre de 2009 ha publicado el Real Decreto 1786/2009, por el que se regula la iniciativa de apoyo financiero a la modernización y mejora del comercio interior.

Pueden encontrar el link en http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/08/pdfs/BOE-A-2009-19768.pdf

Su régimen lo analizaré y expondré en breve.

Calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2010, a efectos de cómputo de plazos.

2009-12-09T18:10:00.005+01:00

El BOE del día 9 de diciembre de 2009 ha publicado la Resolución de 26 de noviembre de 2009, estableciendo el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2010, a efectos de cómputo de plazos.

El link es http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/09/pdfs/BOE-A-2009-19837.pdf

2009-03-28T07:09:00.012+01:00

Modificación de la ley concursal, del interés legal del dinero, y mantenimiento de la deducción por I+D+i

El consejo de ministros del viernes 27 de marzo de 2009 ha aprobado un Real Decreto-Ley, que introduce una importante modificación de la ley concursal. Además, se aprueban otras medidas como el nuevo interés legal del dinero que pasa a ser del 4%, o el nuevo interés de demora tributario que pasa a ser del 5%; y se introduce un mantenimiento indefinido de la deducción de I+D+i.

Ha sido publicado ya en el BOE. Os adjunto el link donde podéis visualizar el texto completo: http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/31/pdfs/BOE-A-2009-5311.pdf

La entrada en vigor es del día 1 de abril de 2009, sin perjuicio de varias disposiciones transitorias que hay que observar.

En todo caso, tengamos presente que, en las próximas semanas, este Decreto-Ley tendrá que ser ratificado en Cortes, y en la actual situación parlamentaria, veremos cuál será el resultado.

Os avanzo la nota de prensa del gobierno. Un saludo a todos.

«El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que recoge un importante conjunto de medidas de estímulo económico. Con estas iniciativas, que tienen como objetivo el apoyo a la actividad de las empresas españolas, son ya cerca de un centenar las medidas puestas en marcha en el primer año de legislatura para combatir la crisis económica.

El Real Decreto Ley aborda, además, una reforma de urgencia y limitada de la vigente Ley Concursal en apoyo de las empresas deudoras y sus acreedores, y para corregir determinadas cuestiones procesales y sustantivas que dificultaban injustificadamente la aplicación y consecución de los objetivos previstos en la ley.

Refinanciación a las empresas viables. Se estimulan las operaciones de refinanciación a favor de empresas en dificultades.

Ante el riesgo de que las refinanciaciones acordadas antes de que las empresas sean declaradas en concurso puedan ser rescindidas una vez iniciado éste, la reforma incluye un aumento de las garantías a favor de las entidades refinanciadoras, centradas en la no rescindibilidad de las operaciones no fraudulentas derivadas de estos acuerdos y en la restricción de la legitimación para impugnar tales operaciones. Estas garantías se condicionan a que la refinanciación cuente con el respaldo de 3/5 de los acreedores, un plan de viabilidad avalado por un informe independiente y todo ello documentado en escritura pública.

Incentivación de la suscripción de convenios anticipados que eviten la liquidación de la empresa en concurso. La reforma busca facilitar que las empresas que vayan al concurso hayan tenido la oportunidad de consensuar con sus principales acreedores un futuro convenio que impida la liquidación. En esta línea se incorporarían las siguientes reformas:

Se prevén tres meses de aplazamiento del deber de declarar concurso para los deudores que así lo comuniquen al juez, instrumentando así un plazo para fomentar un acuerdo con los acreedores sobre el convenio anticipado.

Facilitar la propuesta de convenio anticipado, tanto para acreedores, como para el deudor, y flexibilizando el régimen de mayorías para alcanzar las adhesiones necesarias.

Agilización del procedimiento de concurso y reducción de sus costes. Se pretende reducir la duración del concurso reduciendo la previsible degradación progresiva de la situación patrimonial y financiera de la empresa y los costes del proceso. En esta línea se prevén las siguientes modificaciones:

Revisión del sistema retributivo de los administradores concursales. Se proponen medidas tales como la limitación de las retribuciones, la creación de un mecanismo que asegure una percepción mínima a los administradores de empresas concursadas sin suficientes fondos, y que el pago de los informes de expertos se haga con cargo a la retribución de los administradores judiciales.

La ampliación del ámbito del procedimiento abreviado a empresas con un pasivo inferior a 10 millones de euros.

Modificaciones procesales como la clarificación de reglas de impugnación, la supresión del incidente concursal sobre el auto que conceda o deniegue autorización judicial cuando ésta es necesaria y la supresión de la vista como regla general.

Publicación gratuita de los anuncios en el BOE y creación de un Registro Público Telemático de Resoluciones Concursales para agilizar su conocimiento.

Posibilidad de tramitación escrita del convenio, prescindiendo de la junta de acreedores, cuando el número de éstos exceda de trescientos.

Agilización de la liquidación de la empresa, cuando su situación económica pone de manifiesto desde un inicio que éste es el final razonable del proceso. Se evita así una mayor degradación de su valor por el tiempo de duración del proceso. Con esta finalidad se introduciría la posibilidad de la liquidación anticipada a propuesta del deudor y la realización de bienes para el pago a los acreedores.

Revisión de la situación de determinados créditos, reforzando las garantías de los créditos
públicos y del FOGASA, y la posición de los acreedores que no pudieron conocer el concurso, y subordinando los créditos derivados de obligaciones recíprocas cuando el incumplimiento es resultado de la actuación obstaculizadora del acreedor y los de los socios especialmente relacionados con el concursado.

Mejora en la situación de los trabajadores de empresas concursadas. Para evitar la paralización de los expedientes de regulación de empleo en tramitación se permite su continuación en tanto no se declare el concurso de la empresa. Además, se permite la extinción de las relaciones laborales desde dicha declaración, con vistas a que los trabajadores puedan cobrar las prestaciones por desempleo.

Reducción de los tipos del interés legal del dinero e interés de demora
Como consecuencia de la evolución de la situación económica, se reducen los tipos del interés legal del dinero y del interés de demora que fueron aprobados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. Así, el tipo de interés legal del dinero pasa de un 5,5 por 100 a un 4 por 100, y el tipo de interés de demora tributario de un 7 por 100 al 5 por 100. Con esta reducción se acercan estos tipos de interés a los existentes en los mercados financieros y supone una reducción de casi el 30 por 100 en los intereses de demora que deben pagar los contribuyentes que hayan solicitado aplazamientos de deudas tributarias. Los nuevos tipos resultan de aplicación a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.

Mantenimiento indefinido de la deducción por actividades de I+D+i
La actual coyuntura económica requiere de medidas que tengan una incidencia inmediata en la actividad innovadora de las empresas como motor de la sostenibilidad y crecimiento de las mismas. Por este motivo, el Consejo de Ministros ha aprobado introducir las modificaciones pertinentes para hacer posible el mantenimiento indefinido de la deducción por actividades de I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades.

En la última reforma del Impuesto sobre Sociedades, llevada a cabo en el año 2006, se introdujo la supresión gradual de determinados incentivos fiscales. Respecto de la deducción por actividades de I+D+i, la previsión contenida en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley de 2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación de otros impuestos era supeditar la decisión sobre su supresión o mantenimiento a un estudio a realizar en el segundo semestre de 2011 por el Ministerio de Economía y Hacienda, asistido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Sin embargo, con el objetivo de que las empresas tengan un marco temporal seguro e ilimitado sobre el que planificar sus decisiones de inversiones en estas actividades, el Ejecutivo ha decidido mantener su vigencia, conservando su actual estructura, más allá del 1 de enero de 2012. Esta deducción benefició en 2007 a 5.657 empresas por un importe de casi 317 millones de euros. »

2009-02-13T18:12:00.003+01:00

Moratoria en el pago de determinados préstamos hipotecarios
Más medidas contra la crisis

«Comento un Real Decreto relativo a las medidas adoptadas por el gobierno para afrontar la actual crisis, y, en concreto, la moratoria en el pago de determinados préstamos hipotecarios.»

El 7 de febrero se ha publicado el Real Decreto 97/2009, de modificación parcial del Real Decreto 1.975/2008, que pretende ser una medida más contra la actual crisis financiera. Les adjunto los links del BOE; éste es el del último Real Decreto: http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/07/pdfs/BOE-A-2009-2075.pdf. Y éste es el del primer Real Decreto: http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/02/pdfs/A48135-48142.pdf

El asunto es que los deudores de préstamos hipotecarios concertados con anterioridad al 1 de septiembre de 2008, por importe inferior a 170.000 euros y exclusivamente para la adquisición de vivienda habitual podrán acogerse a estas medidas de apoyo financiero público, siempre que haya acuerdo entre el particular y la entidad de crédito.

Los beneficiarios serán determinados desempleados, autónomos que hayan cesado su actividad o que hayan visto mermados sus ingresos, y determinados pensionistas de viudedad por fallecimiento. En todo caso, el deudor debe estar al corriente de pagos con la entidad de crédito.

Pues bien, las medidas de apoyo cubrirán un máximo del 50% del importe de las cuotas mensuales que se devenguen por el préstamo hipotecario entre el 1 de marzo de 2009 y el 28 de febrero de 2011, con un límite máximo de 500 euros mensuales.

En el supuesto de que existan varios deudores de un mismo préstamo hipotecario, los mencionados límites del 50 por ciento de la cuota hipotecaria y 500 euros mensuales no podrán ser superados, aun cuando más de uno de ellos reuniera los requisitos necesarios para ser beneficiario de la medida.

Las cantidades objeto de las medidas financieras se compensarán a partir de 1 de marzo de 2012 mediante su prorrateo entre las mensualidades que resten para la satisfacción total del préstamo hipotecario con un límite máximo de 15 años.

2009-02-13T13:40:00.003+01:00

Opción de compra de un inmueble, en garantía del cobro de una deuda

Hoy comentaré la reciente Resolución de la Dirección de los Registros y del Notariado (RDGRN) de 26 de noviembre de 2008 publicada en el BOE del 8 de enero. Les adjunto el link del BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/08/pdfs/BOE-A-2009-342.pdf

El asunto es el siguiente, y, como siempre, resumiré para hacer la lectura más fácil: una empresa le debía dinero a otra, y firmaron una escritura pública en la que se reconocía tal deuda, pactaron la devolución de dicha cantidad a una fecha determinada, y, para el caso de que en dicha fecha no se hubiese hecho efectivo el pago, se concedía «gratuitamente» un derecho de opción de compra sobre un inmueble, «para que pueda hacer efectivo su crédito», por lo que, con su ejercicio quedaría saldada la deuda.

Así las cosas, el Registrador no inscribió la opción de compra en el Registro de la Propiedad porque entendía que tal pacto no es legal.

Pues bien, la Dirección General ha confirmado que tal pacto no es legal, conforme disponen los artículos 1.859 y 1.884 del Código Civil, en relación con las anteriores Resoluciones de 10 de junio de 1986, 29 de septiembre de 1987, 5 de mayo y 22 de septiembre de 1992 y 30 de septiembre de 1998.

Compraventa. Retención del precio por el comprador

2009-01-15T09:29:00.005+01:00

Compraventa. Retención del precio y del importe del IVA por el comprador

Hoy comentaré la reciente Resolución de la Dirección de los Registros y del Notariado (RDGRN) de 4 de diciembre de 2008 publicada en el BOE del 14 de enero. Les adjunto el link del BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/14/pdfs/BOE-A-2009-678.pdf

El asunto es el siguiente (y redondearé los números para que la lectura sea más fácil): el precio de la finca vendida era de unos 150.000 € más un IVA de 10.500 € (al 7%), y la finca estaba gravada con una hipoteca en garantía de un préstamo pendiente de pago por importe de unos 157.000 € (redondeando).

En resumen, el comprador debía entregar, al vendedor, la suma del precio más su IVA, es decir, 160.500 €.

El comprador pagaba todo ello (precio más su IVA) asumiendo o subrogándose en la totalidad del préstamo hipotecario (los 157.000 €), por lo que el vendedor ya nada debería al banco, y entregando la diferencia de 3.500 € en metálico en el acto de la escritura pública. Ello suma los 160.500 €.

Y el vendedor, por una lado, recibía los 3.500 € y se quitaba una deuda de 157.000 € (todo ello suma los 160.500 €), y, por otra lado, daba la carta de pago por la totalidad del precio (150.000 €) y por la totalidad del IVA (10.500 €), lo que suma los 160.500 €.

Así las cosas, el Registrador de la propiedad no inscribió la compraventa porque, en resumen, entendía que el comprador no podía retener un importe del préstamo (los 157.000 €) superior al precio de venta (los 150.000 €).

Pues bien. La Dirección General revoca la calificación del Registrador y permite la inscripción de la compraventa en el registro de la propiedad, pues entiende que el vendedor tenía dos cuentas a cobrar al comprador, una la del precio (150.000 €) y otra la del IVA (10.500 €), y que el comprador pagó ambas cuentas: una parte de la suma global mediante entrega de dinero en efectivo y la diferencia mediante la subrogación en el préstamo hipotecario.

Esta Resolución es similar a otra de 22 de octubre de 2008, cuyo link les adjunto: http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/07/pdfs/A44529-44532.pdf

La amarga jubilación del socio minoritario

2008-10-19T22:13:00.008+02:00

«Este artículo lo publiqué en el diario "Información" (Alicante), "Las Provincias" (Valencia), y "El Diario Montañes" (Santander), hace ya varios años, cuando trabajaba para el despacho de abogados "Cuatrecasas". Ahora, lo rescato para el blog.»

La amarga jubilación del socio minoritario

Emilio López-Rendo. Abogado de Cuatrecasas.

Algunas veces sucede que un confiado socio, ya sea de una Empresa Familiar o no, que se plantea su jubilación o, simplemente, pretende recoger “su” parte del negocio o su inversión en la empresa familiar o cuasi familiar, se encuentran con que “su” patrimonio está preso dentro de una fantástica "Jaula de Oro" que resulta ser inaccesible y verdaderamente imaginaria para él. Este desprevenido socio es propietario de una participación minoritaria en el capital social de la Empresa. Y, por el contrario, el “socio Gilito” que controla la Sociedad no accede a que el cautivo caudal fluya, ni en dinero ni en especie, de la lóbrega Jaula. Y tan amargo desengaño se manifiesta a una edad más o menos avanzada.

Ese doloroso día, el socio minoritario empieza a ser desafortunado protagonista, en primera persona, de su verdadero drama económico y patrimonial. Y así las cosas, “su” parte del negocio común no tiene quien la compre. No tiene comprador. No tiene precio. Y, cuando lo tiene, es un precio de saldo y derribo. Tiene el precio que el “socio Gilito” le quiere pagar.

Esta realidad es frecuente encontrarla en sociedades en que las segundas generaciones ya han entrado en la poderosa escena, y los hijos de quien fue su socio o los hijos de quien fue su padre, ya no tienen ni los lazos ni los compromisos personales que tenían los socios iniciales, o los padres para con sus hijos.

Ahora bien, la fatídica situación es evitable. El mejor consejo es preparar la jubilación o desinversión con suficiente antelación, llegando a los pactos y acuerdos que así lo permitan. Para ello, dotaremos de liquidez anual y de liquidez final a las acciones o participaciones sociales.

Aquí van unas cuantas recomendaciones para ello.

Por lo que respecta a una liquidez anual y mientras que la participación se posee, el acuerdo será que el grupo o la entidad distribuya un porcentaje de los beneficios obtenidos en cada ejercicio. El concreto porcentaje será el que ya esté previamente acordado en un documento o contrato que contendrá ése y otros pactos entre los familiares o socios. Según que la Empresa sea Familiar o no Familiar, a ese tipo de acuerdos los llamamos bien “Protocolo Familiar” o bien “Acuerdo de Socios” (en inglés llamado "Shareholder's Agreement"). De este modo, todos los años, allá por el mes de junio, todos los socios, incluidos los minoritarios, obtendrán una rentabilidad anual de su participación.

Por lo que respecta a la liquidez final, el consejo es que los socios lo tengan previamente acordado. El tiempo idóneo para convenirlo es el mismo en que se adquiera la participación, si bien es cierto que es muy frecuente que los socios lo convengan posteriormente. En el supuesto de empresas familiares que todavía estén controladas por los padres, la recomendación es que éstos dispongan en vida, dentro de un adecuado “Protocolo Familiar” del que sus hijos también serán parte, de las correspondientes normas que permitan la desinversión final.

Otro día hablaremos de que la costumbre no escrita de “tratar a todos los hijos por igual” no significa ceder, a todos los hijos, el mismo porcentaje de acciones de la Empresa Familiar.

En el supuesto de que los padres ya se hubiesen retirado del negocio, lo aconsejable es que los hermanos convengan, cuanto antes, ese “Protocolo Familiar” que será garantía de liquidez final para todos ellos.

Con tales medidas, los socios minoritarios estarán protegidos.

Para finalizar, la última recomendación es que los Estatutos Sociales recojan, adecuadamente, estos compromisos.

Así lo permiten las modificaciones legales habidas, tanto del Código civil como de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de la Ley de Sociedades Anónimas.

Arrendamiento: desahucio por impago de una renta

2008-10-15T16:00:00.004+02:00

Impago de rentas y desahucio de local

Hoy les comentaré una reciente e importante sentencia del Tribunal Supremo (24 de julio de 2008, sección 1, ponente Excmo. Sr. D. Román García Varela) que resuelve un controvertido debate existente en nuestros tribunales de justicia. El supuesto es el siguiente: el arrendatario de local de negocio no pagó, puntualmente, una mensualidad de la renta; ante esta situación, el arrendador interpuso la demanda de desahucio por falta de pago de la renta, y el arrendatario pagó la renta después de presentada esta demanda judicial.

Por ponerles fechas y más en antecedentes, para que ustedes se hagan una idea, la renta del mes de enero no fue pagada en su momento, el arrendador presentó la demanda de desahucio, el juzgado señaló el día 7 de marzo para la celebración del juicio de desahucio, y el mismo día 7 de marzo el arrendatario pagó la renta del mes de enero. Además, el arrendatario ya había enervado, en una anterior ocasión, otra acción de desahucio del arrendador, o dicho de otra forma para que todos lo entiendan, el arrendatario, en una ocasión anterior, también fue demandado de desahucio por el arrendador por impago de otra renta, y en aquella ocasión consiguió que no se le desahuciara pues pudo pagar la renta debida entonces en un momento anterior a la celebración de aquel juicio.

Situados ya en el escenario, hasta ahora, había juzgados y tribunales que entendían que tal impago de una mensualidad no era tal impago, sino que ello era considerado un mero retraso, y no era causa suficiente para resolver el contrato de arrendamiento; en este sentido, se habían pronunciado las Audiencias Provinciales de Madrid y Zaragoza.

Por el contrario, había otros juzgados y tribunales que entendían justo lo contrario, y que, por lo tanto, el impago sí que suponía incumplimiento, y no un mero retraso; en este sentido se había pronunciado la Audiencia Provincial de Baleares.

Pues bien, el Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia que intenta poner fin a esta jurisprudencia contradictoria y declara como doctrina jurisprudencial la de que el pago de la renta del arrendamiento de un local de negocio, fuera de plazo y después de presentada la demanda de desahucio, no excluye la aplicabilidad de la resolución arrendaticia, y ello aunque la demanda se funde en el impago de una sola mensualidad de renta, sin que el arrendador venga obligado a soportar que el arrendatario se retrase de ordinario en el abono de las rentas periódicas.

Con tal doctrina del Tribunal Supremo, sería conveniente que, en los nuevos contratos de arrendamiento que se redacten, las partes convengan, de forma expresa que el arrendador podrá resolver el contrato de arrendamiento en el supuesto de falta de pago, en los plazos pactados, de una sola de las rentas. También sería conveniente que el contrato predetermine el importe de la cláusula penal aplicable para el supuesto de que el arrendador resolviere el contrato por esta causa.

Nuevas medidas contra la crisis

2008-10-15T15:51:00.003+02:00

Las nuevas medidas contra la crisis financiera

«Comento dos Reales-Decretos Ley relativos a las medidas adoptadas por el gobierno para afrontar la actual crisis financiera.»

El martes 14 de octubre el Boletín Oficial del Estado ha publicado los Reales Decretos-Ley 6/2008 y 7/2008, que pretenden ser medidas contra la actual crisis financiera internacional.

El primero de Reales Decretos-Ley crea el fondo para la adquisición de activos financieros. No es fácil explicar esto para que se entienda, por lo que simplificaré para hacerlo más comprensible y poniéndoles en antecedentes.

Los bancos y cajas necesitan dinero, pero tienen dificultades para conseguirlo en su mercado de dinero, porque tal mercado no está funcionando de forma normal. ¿Y cómo solucionar tales dificultades de conseguir dinero? Pues el gobierno crea este fondo de dinero con el que le comprará cosas, a los bancos. De esta forma, a los bancos les entrará dinero fresco, a cambio de vender, al fondo, otros bienes. Y estos bienes ¿qué son? Pues activos financieros, pero como explicar qué es un activo financiero excede de este artículo, lo dejaremos en que son bienes de los bancos que dan una rentabilidad determinada y que normalmente los colocan en el mercado financiero. ¿Y de dónde saca el Estado el dinero para aportarlo al fondo? Pues lo sacará emitiendo deuda pública (letras, bonos y obligaciones del estado) que colocará en el mercado financiero y que los inversores le comprarán. De esta forma indirecta, los inversores compran letras y obligaciones del Tesoro, y el Estado, con ese dinero, le compra esos bienes a los bancos, con lo cual el dinero va, finalmente, a los bancos. Los inversores obtienen la rentabilidad de las letras del Tesoro, el Estado obtiene la rentabilidad de los bienes que compra a los bancos, y los bancos pueden pagar sus deudas con el dinero obtenido. El círculo ya está cerrado. El fondo se crea por un importe de 30.000 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 50.000 millones de euros. Para este año 2008, el fondo se dotará con 10.000 millones de euros, ampliables a 30.000 millones.

La administración y gestión del fondo corresponderá al Ministerio de Economía y Hacienda. Por lo que respecta al control del fondo, se ejercerá por la Intervención General del Estado, a través de la auditoría pública, y por la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, mediante informes cuatrimestrales.

Por el segundo de los Reales Decretos-Ley, el Estado avalará, a los bancos, en los “préstamos” que éstos pidan en el mercado financiero. Para que me entiendan y sin hablar con propiedad técnica, porque si lo hago, no me entienden, es como si usted quiere pedir un préstamo a los bancos, y los bancos le piden que también firme un avalista; pues va el Estado y le avala a usted y el banco le concede el préstamo. Pues esto es, más o menos, lo que regula esta norma, pero no se me confundan con el ejemplo que les he puesto, usted no será el avalado, sino que el Estado avalará a los bancos en los “préstamos” que los bancos pidan en el mercado financiero.

El Ministro de Economía y Hacienda será quien fije los requisitos que deberán cumplir los bancos para poder acceder a tales avales. El plazo de otorgamiento de avales finalizará el 31 de diciembre de 2009; y el plazo máximo de vencimiento de los “préstamos” será de cinco años. En el año 2008, se podrán conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros.

También con la finalidad de poder inyectar dinero en los bancos y cajas de ahorros, el Ministro de Economía y Hacienda queda autorizado, hasta el 31 de diciembre de 2009, y previo informe del Banco de España, para que el Estado compre “acciones” de los bancos y cajas de ahorro.

Cómo invertir en momentos como el actual

2008-10-15T15:43:00.007+02:00

¿Cómo y dónde pongo mi dinero?

«En este artículo comento algo sobre la normativa de los fondos de garantía de depósitos y de inversiones; así como la no compensación de saldos, por ejemplo de un préstamo y de un depósito, en un hipotético concurso de acreedores de la entidad de crédito.»

El otro día, me comentaban la alarma generada por la situación de que importantísimos bancos mundiales estuviesen en situación de crisis, hasta el punto de que grandes entidades de otros países de nuestro entorno, se han visto forzadas a ser liquidadas o “rescatadas”. Y con este escenario internacional, donde los bancos ya están sucumbiendo ante la falta de liquidez en el mercado interbancario, es lógico que se vea venir la posibilidad de que alguna entidad española pudiere entrar, en el futuro, en situación de crisis. No es que haya que prever un futuro alarmista, pero sí que, en este contexto, pudiere darse tal caso en España. Por supuesto, no entraremos a valorar la probabilidad más o menos alta o baja de que ello ocurriere, ni si la supervisión del Banco de España impedirá o no tal posibilidad, que todos deseamos que así sea.

Ya les he situado en el escenario en el que teníamos nuestra conversación. A partir, de ahí, vinieron las consideraciones legales. La primera de ella fue comentar el alcance de las garantías que ofrecen los fondos de depósitos bancarios españoles y el fondo de garantía de inversiones. Ustedes mismos pueden consultar el alcance de las coberturas en las páginas web de tales fondos de garantía, http://www.fgd.es/es/index.html y http://www.fogain.com/.

Es importante precisar que el sábado 11 de octubre ha entrado en vigor el Real Decreto 1642/2008, por el que los importes garantizados que les comentaré a continuación quedan fijados en 100.000 euros (antes era 20.000 euros).

En resumen, el sistema de garantía de los depósitos garantiza a los depositantes de las entidades de crédito la recuperación de sus depósitos dinerarios hasta los límites establecidos. A día de hoy, el importe dinerario garantizado tiene como límite 100.000 euros por depositante en cada entidad de crédito respecto de los depósitos.

Por lo que respecta a los valores garantizados, serán aquéllos que los inversores hayan confiado a una entidad de crédito para su depósito y registro, excepto los confiados para realizar servicios de inversión en paraísos fiscales. En este caso de los valores, los fondos cubrirán la no restitución de los valores o instrumentos pertenecientes al inversor perjudicado; en ningún caso se cubrirán las pérdidas del valor de la inversión o cualquier riesgo de crédito. Los depósitos en valores e instrumentos financieros confiados a una entidad de crédito están garantizados hasta un importe máximo también de 100.000 euros por titular, con independencia de la garantía por los depósitos en dinero que se puedan tener en la misma entidad. Esta garantía se aplicará por titular del valor garantizado, jurídica y cualesquiera que sean el número y clase de valores e instrumentos financieros garantizados en que figure como titular en la misma entidad. Estos importes también son aplicables al fondo de garantía de inversiones.

La primera consideración fue evidente: en determinados supuestos, podría ser conveniente repartir el dinero líquido en paquetes de 100.000 euros, depositando cada uno de ellos entre diversas entidades; y lo mismo con los valores que pudiere haber. Y si no hubiese valores, comprar valores del tesoro (letras, por ejemplo) por importe de 100.000 euros, con lo que podría tener, en una sola entidad, depósitos por 100.000 y valores por otros 100.000. Den por descontado que esta solución no gustará a su director de sucursal bancaria, por la simple razón de que podría suponer llevarse dinero o valores de esa entidad a favor de otras, y porque también la entidad dejaría de disponer de 100.000 euros, que serían los que ustedes se habrían llevado de efectivo (que el banco maneja) a valores (que el banco no maneja y de los que sería depositario). Prepárese para escuchar argumentos como “hombre, es que si todos hacéis lo mismo, vosotros mismos estaréis agravando la situación" y reflexiones por el estilo. Es inevitable.

Atención, porque si el depositante es una entidad que tiene por actividad principal la tenencia de acciones o participaciones, y un servidor conoce unas cuantas, su depósito dinerario no estará garantizado. Así que oído al parche.

Otra posibilidad que ustedes pueden valorar es abrir una cuenta directa en el banco de España y depositar en ella los valores de deuda del Estado.

Dejemos a los fondos de garantías de depósitos e inversiones y vayamos a una segunda consideración legal que me comentaban. Les pongo en antecedentes: el supuesto sería de una hipotética crisis de una entidad de crédito española en la que usted tuviese depósitos, por un lado, y en la que tuviese préstamos o créditos, por otro lado. La cuestión es si tales saldos serían compensables entre sí, de tal forma que solamente quedase el resultado neto de la compensación entre esos depósitos y préstamos. Esta cuestión tiene importantes matices legales que no es posible abarcar en este artículo. En principio, y como regla, no. La ley concursal vigente lo impide. En tal caso, usted se verá en la situación de que tendría que seguir pagando su préstamo, y de que su depósito podría tardar tiempo en recuperarlo o, incluso, podría darse el caso de que no recuperase parte del mismo.

Para concluir, también he de decirles que hay normativa especial bancaria que permite la compensación contractual y la liquidación de saldos derivados de determinadas operaciones financieras, e incluso ejecución de garantías financieras, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la normativa especial bancaria vigente.